Un juez de control dictaminó el inicio de un proceso penal formal en contra de
DIEGO ÁNGEL “N”, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva por su
probable responsabilidad en los delitos de feminicidio en grado de tentativa y
violencia familiar en el municipio de Guanajuato.
La Fiscalía General del Estado obtuvo esta resolución judicial tras cumplimentarse
una orden de aprehensión derivada de una serie de agresiones físicas y psicológicas
infligidas hacia cuatro mujeres de su familia, entre ellas una niña.
La autoridad judicial otorgó un plazo para el desarrollo de la investigación
complementaria, tiempo durante el cual el imputado permanecerá en reclusión
debido a la gravedad y el riesgo inminente que representan sus conductas.
Los hechos que motivaron la captura del agresor culminaron la mañana del 17 de
junio de 2026 en un domicilio de la comunidad de San José de Pinos, donde el sujeto
sitió el inmueble provocando daños por fuego en los accesos y manipulando el
suministro eléctrico para infundir terror en las presentes, quienes permanecieron
resguardadas durante la noche.
Al amanecer, el imputado interceptó a las ofendidas en las áreas comunes del
inmueble, donde utilizó combustible para agredir directamente a dos de ellas; las
amenazó con prenderles fuego utilizando un encendedor, lo cual fue frustrado
gracias a la intervención física de una de las presentes, quien logró contener el
artefacto y contener al agresor para salvar la vida de su familia, siendo obligada a
retirarse con él mediante amenazas.
Este ataque representó la escalada final de una agresión previa ocurrida la noche del
15 de junio en la misma vivienda, donde el individuo inició una disputa familiar en
presencia de su hijo menor de edad.
En esa ocasión, el agresor vertió líquido inflamable en una de las habitaciones
amenazando con incendiar la estructura, y posteriormente regresó al lugar portando
un arma blanca de grandes dimensiones con la que atacó a las tres mujeres
presentes, provocando una lesión a una de ellas en las extremidades superiores y
daños estructurales en las paredes.
La acumulación de estas conductas delictivas motivó la intervención urgente de las
autoridades ministeriales para garantizar la seguridad de las afectadas e iniciar el
procedimiento penal correspondiente.
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