Ladrón de vehículos recibe sentencia de prisión en Irapuato

La coordinación entre las corporaciones de seguridad y la Fiscalía General del
Estado permitió esclarecer un robo con violencia cometido en la ciudad de
Irapuato. El caso concluyó con una sentencia condenatoria de 7 años y 9 meses
de prisión en contra del responsable identificado como JULIO ENRIQUE “N”.

La mañana del 27 de enero de 2024, en la colonia El Cantador, del municipio
antes citado, un conductor fue despojado con violencia de una camioneta, dinero
en efectivo y un teléfono celular, para posteriormente huir con dirección al
municipio de Silao.

Derivado del seguimiento en tiempo real de la ubicación del vehículo por medio
del servicio de emergencias 911, elementos de Seguridad Pública de Silao
implementaron un operativo para interceptar al agresor, quien, al detectar la
presencia policial, ignoró las indicaciones para detenerse y emprendió la huida,
dando lugar a una persecución que culminó en el estacionamiento de una plaza
comercial, donde se impactó contra una estructura.

Tras abandonar el vehículo, JULIO ENRIQUE “N” intentó escapar a pie, incluso
despojó de una bicicleta a un ciudadano para continuar su fuga; sin embargo,
fue alcanzado y detenido por los policías preventivos, mientras que su
acompañante también fue asegurado durante el operativo.

A partir de la detención, el Ministerio Público dirigió una investigación que
permitió robustecer la carpeta con evidencia pericial, testimonios, actuaciones
policiales y demás datos de prueba que acreditaron la participación de JULIO
ENRIQUE “N” en el robo calificado. Durante el juicio oral, la Fiscalía demostró su
responsabilidad penal, obteniendo una sentencia condenatoria.

El órgano jurisdiccional impuso al sentenciado una pena de 7 años y 9 meses de
prisión, así como una multa monetaria. Además, negó la concesión de beneficios
y sustitutivos de la pena. En materia de reparación del daño, no se emitió
condena respecto del vehículo al haber sido recuperado, mientras que se dejaron
a salvo los derechos del ofendido para reclamar la cuantificación
correspondiente durante la etapa de ejecución de sentencia.