Ex policía es sentenciado a 140 años de cárcel por secuestrar a dos personas en Dolores Hidalgo

En un fallo histórico que marca un precedente en la lucha contra el
secuestro, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha obtenido una
sentencia de 140 años de prisión en contra de GILBERTO “N”, ex
elemento de la policía municipal, por el delito de secuestro agravado
cometido en el municipio de Dolores Hidalgo.

Esta condena no solo representa una de las penas más altas jamás
impuestas por este delito en la región, sino que pone fin a un historial de
criminalidad familiar que vulneró la seguridad de las víctimas. Se destaca
que los hermanos del hoy sentenciado, quienes también se
desempeñaban como servidores públicos en la corporación policial, ya
enfrentan las consecuencias de la ley; BRAULIO “N” se encuentra
cumpliendo una sentencia condenatoria previa por el delito de secuestro
agravado, mientras que FÉLIX “N” se encuentra actualmente en proceso
penal rumbo a juicio por el mismo delito, logrando así la desarticulación
de una red de delincuencia que operaba bajo el amparo de uniformes
oficiales.

La actual investigación acreditó que el 12 de septiembre de 2024, dos
víctimas fueron interceptadas por sujetos armados y encapuchados en la
zona de la presa El Gallinero. Entre los agresores se encontraba GILBERTO
“N”, quien participó activamente en el sometimiento de las víctimas.

Durante el cautiverio en una casa de seguridad en la colonia Cruz del
Padre Razo, los ofendidos fueron maniatados, vendados y sometidos,
mientras los captores exigían una fuerte suma de dinero a sus familias por
su liberación.

Gracias a un operativo de precisión ejecutado por la Unidad Especializada
en Combate al Secuestro (UECS), se logró la liberación de las víctimas
sanas y salvas, así como la captura del ex policía.

Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia definitiva que impone a
GILBERTO “N” una pena de 140 años de prisión sin posibilidad de
beneficios de libertad, así como una multa. La resolución judicial también
establece la inhabilitación definitiva del sentenciado para ocupar
cualquier cargo público y la suspensión total de sus derechos políticoelectorales.