En Irapuato, la Fiscalía General del Estado logró a través de una pronta integración e investigación, que dos jóvenes detenidos en flagrancia en posesión de un arsenal, vehículos y una víctima privada de la libertad, fueran procesados y permanezcan en prisión hasta recibir sentencia.
El 26 de junio de 2025, aproximadamente a las 4:40 de la tarde, elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, recibieron un llamado al 911 sobre camionetas con sujetos armados que pretendían
interceptar a un ciudadano. En seguimiento al reporte, elementos municipales preventivos que circulaban por la carretera que lleva a Cañada de la Muerte, vieron a los vehículos con las características reportadas.
Los policías se aproximaron y confirmaron que había dos hombres armados, quienes al notar su presencia corrieron hacia una casa en construcción para esconderse pero ahí mismo fueron detenidos. Dentro de la finca se rescató a una víctima, quien se encontraba maniatada y con huellas de violencia. Esta persona dijo haber sido privada de su libertad desde el 20 de junio, además, ahí mismo aseguraron armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, así como equipo táctico.
La víctima fue liberado a salvo y con vida, y se le brindaron los auxilios médicos necesarios para su restablecimiento.
Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado, junto con lo asegurado. JUAN MARTÍN “N” y JORGE ALBERTO “N” como se les identificó legalmente, fueron llevados a audiencia de control de detención donde el Ministerio Público de Guanajuato dio a conocer DATOS DE pruebas que demuestran su probable responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares, robo equiparado, portación de armas, y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.
La audiencia de control de detención se realizó por videoconferencia y fue presidida por una Jueza, quien calificó de legal la detención de ambos, y luego de escuchar los argumentos y pruebas del Ministerio Público, decidió vincularlos a proceso penal por todos los delitos señalados.
También les fue impuesta la prisión preventiva como medida cautelar. Para los delitos de portación y posesión de armas y cartuchos, se declinó la competencia a la autoridad ministerial federal.
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