La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia histórica que hace
justicia a 107 víctimas, quienes vieron vulnerado el patrimonio de toda
su vida a causa de un fraude masivo en el municipio de León.
Cada una de las denuncias presentadas activó de inmediato el
compromiso de esta institución, colocando en todo momento a las
víctimas al centro de la estrategia de investigación.
El motor que impulsó cada diligencia fue la firme convicción de reparar
el daño moral y económico de los afectados, quienes confiaron en una
oferta engañosa de supuestos remates bancarios promovidos por el
despacho jurídico “Punto Legal”, a cargo de ÉDGAR FRANCISCO “N”.
El exhaustivo trabajo ministerial demostró ante los tribunales que el hoy
sentenciado utilizó diversos artificios para engañar de forma
consecutiva a las 107 personas, ofertando inmuebles sobre los cuales no
tenía ninguna facultad legal de venta ni se encontraban en litigio
alguno.
La prioridad de la fiscalía no solo fue comprobar la responsabilidad del
imputado, sino visibilizar y defender el detrimento patrimonial que
sufrió cada una de las familias. Con un sólido cúmulo de pruebas
científicas y testimoniales, se demostró el impacto real que este engaño
causó en la vida y estabilidad de los ciudadanos.
La respuesta del impartidor de justicia ante la solicitud del Ministerio
Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos
Patrimoniales de la Región A, se consolidó los días 26 y 30 de junio de
2026, cuando los tribunales dictaron dos sentencias condenatorias en
contra de ÉDGAR FRANCISCO “N”, la primera de 438 años y 4 meses de
prisión, y 580 años de la segunda, acumulando una penalidad histórica
de 1,018 años y cuatro meses de prisión por el delito de fraude.
Aunque la legislación penal del estado establece un límite máximo de
compurgación de 80 años de cárcel, el verdadero triunfo de esta
resolución radica en la protección integral de los derechos de los
ofendidos, logrando que el juez impusiera al sentenciado la obligación
irrestricta de devolver cada peso obtenido ilícitamente.
El fallo judicial impone la reparación del daño material por una cantidad
de 29 millones 923 mil 100 pesos por el daño material, junto con un pago
de 3 millones 326 mil 490 pesos por concepto de daño moral y 148 mil
500 pesos por los perjuicios provocados, para lo cual, esta institución
seguirá velando porque se cumpla estrictamente.
Con este resultado, el pilar central de la actuación institucional cumple
su objetivo principal, que es devolver la tranquilidad a las víctimas y
garantizar que su voz sea escuchada y sentar un precedente contra
quienes atentan contra la economía de las familias guanajuatenses.
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