La Fiscalía de Guanajuato logra sentencia de 50 años de prisión contra pareja criminal por secuestro.

En el municipio de Irapuato, a raíz de un hecho criminal registrado en esta
entidad, se desarrolló un juicio oral que reunió en la sala del tribunal de
enjuiciamiento a quienes tuvieron la responsabilidad de valorar las
pruebas presentadas por el Ministerio Público, la defensa y las demás
partes intervinientes.

En su calidad de acusados, se encontraban LUIS ÁNGEL “N” y CARLOS
ALBERTO “N”, señalados como responsables de la privación de la libertad
de una persona de 51 años que fue sustraída violentamente de su
domicilio en la comunidad de Cuarta Brigada, en Irapuato, durante la
madrugada del 29 de febrero de 2024.

Aquella noche, los agresores irrumpieron en la vivienda de la víctima
mientras dormía junto a su familia. Bajo amenazas y golpes, fue subida a
un vehículo, vendada con cinta y posteriormente trasladada a un
inmueble en la comunidad Lomas de San Antonio, en Salamanca, donde
la mantuvieron en cautiverio.

Las labores de inteligencia y campo de los agentes de investigación
criminal y analistas de información, permitieron ubicar el sitio y al intentar
ejecutar una orden de cateo, los agentes escucharon cómo los acusados
amenazaban a la víctima con matarla. Ante la inminencia del peligro, los
agentes decidieron ingresar al domicilio, logrando rescatarla y detener a
sus captores.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó pruebas sólidas
que acreditaron la participación directa de los acusados, mientras que el
asesor jurídico acompañó en todo momento a la víctima para garantizar
el respeto a sus derechos. Pese a los argumentos de la defensa, el tribunal
consideró acreditados los hechos y dictó por unanimidad la sentencia
condenatoria.

Los sentenciados recibieron una pena de 50 años de prisión, además de
una multa y la reparación del daño, tanto material como emocional, cuyo
monto será definido por el juez de ejecución.

Derivado de esta sentencia se inhiben la comisión de futuros delitos como
privación de la libertad, secuestro, extorsión desaparición de personas etc.,
los cuales lesionan gravemente la paz social, reforzando la confianza de la
ciudadanía en la procuración e impartición de la justicia.